Glosario

Constituyen medidas específicas para reequilibrar situaciones objetivas de desigualdad entre hombres y mujeres. La Junta Central Electoral determinará su alcance, que será siempre proporcional a la desigualdad a corregir y  por el tiempo en que dicha situación se mantenga.

Forma de discriminación por razón de sexo consistente en cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Supone la difusión,   sensibilización   y   fomento de políticas de personal dentro de la Junta Central Electoral, que faciliten una   asunción equilibrada de responsabilidades familiares, de forma que sea compatible la atención a la familia y la protección de los menores con el desarrollo de la carrera profesional.

Se considerará discriminación directa por razón de sexo el trato desventajoso contemplado en la norma, criterio, práctica o situación de hecho o de derecho, salvo que el mismo pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Constituirá un supuesto de discriminación directa cualquier trato desfavorable que puedan sufrir las mujeres con motivo del embarazo, y tanto hombres como mujeres, con motivo del ejercicio de derechos relacionados con la maternidad o paternidad.   

Se considerará discriminación indirecta por razón de sexo cualquier norma, práctica o situación de hecho o de derecho, aparentemente neutra, que objetivamente produzca efectos discriminatorios sobre uno de los sexos. En cualquier caso, se considerará discriminatoria la orden de discriminar, directa o indirectamente, así como las represalias o consecuencias negativas que pueda sufrir cualquier persona en la defensa del principio de no discriminación por razón de sexo. 

Dentro del contexto de la Junta Central Electoral hace referencia la  estrategia  de  profundización  en  el desarrollo democrático; incorporando las perspectivas, necesidades e intereses de las mujeres, facilitando el ejercicio activo de sus derechos y su acceso a la toma de decisiones.

Metodología que aplica de forma sistemática la perspectiva de género, a la que responde el presente Reglamento, que supone una herramienta para  hacer visibles y corregir, mediante la aprobación de medidas concretas, las desigualdades entre hombres y mujeres  que se presenten en el desenvolvimiento de la actividad institucional.

Constituye una creencia interiorizada por la que se determina  un  modelo  de  conducta  social basado en opiniones preconcebidas, que adjudican valores y comportamientos a las personas en función de su sexo.

Herramienta para la aplicación de la perspectiva de género, mediante la cual la Junta Central Electoral podrá prevenir y corregir  los  posibles  efectos  diferenciales,  directos  e  indirectos,  que  la  aprobación  de una  norma, práctica o criterio  pueda  tener  sobre  mujeres  y  hombres.  

Toda acción o política dirigida a eliminar obstáculos, de forma que hombres y mujeres se sitúen en una posición equivalente frente al acceso a los recursos económicos, sociales y culturales.

Supone la ausencia de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo dentro de la actividad institucional.

Concentración de hombres y mujeres en distintos sectores, rompiendo el principio de representación equilibrada. Esta segregación es horizontal si hombres y mujeres se concentran mayoritariamente por separado en dependencias con distintas funciones, y vertical cuando uno de los sexos ocupa los puestos superiores a pesar de no ser menos numerosos en esa dependencia o área. 

Protección jurídica que la Junta Central Electoral garantizará ante cualquier trato adverso, o efectos negativos, que se pueda producir en una persona, por cumplir las medidas dimanantes de la Política de Igualdad de Género que institucionaliza el presente reglamento.

Medidas destinadas al diagnóstico científico de la situación de igualdad entre hombres y mujeres, tanto en relación con los usuarios/as de los servicios de la Junta Central Electoral y el Registro Civil, como del personal funcionario y contratado a su servicio.

Medidas de sensibilización y capacitación para la aplicación del enfoque de género en la actividad cotidiana de los servidores y servidoras de la Junta Central Electoral.

Es la herramienta jurídica para  integrar  la  perspectiva  de  género  en el ejercicio de las competencias de las políticas y acciones públicas desarrolladas por la Junta Central Electoral, desde  la  consideración  sistemática  de  la  igualdad  de  género.

La Junta Central Electoral adopta la definición recogida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las  mujeres que la conceptúa como  “todo  acto  de  violencia  basado  en la  pertenencia  al sexo  femenino  que  tenga  o  pueda  tener  como  resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada”.

Según el artículo 3 de la Ley Núm. 24-97 de Violencia Intrafamiliar, que modifica el artículo 309.2 del Código Penal Dominicano: “Todo patrón de conducta mediante el empleo de la fuerza física o la violencia sicológica, verbal, intimidación o persecución, contra uno o varios miembros de la familia, o contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia, contra el cónyuge, ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o pareja consensual, o persona con la que hay procreado un hijo o una hija, para causarle daño sicológico a su persona o daño a sus bienes, realizado por el padre, la madre, tutor, guardián, cónyuge, ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o pareja consensual, o persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentre la familia.”